El gobierno anunció por segunda vez la licitación de la ruta del Mercosur, pero sin financiamiento definido y sin presencia oficial en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción.
El Ejecutivo volvió a poner en agenda la privatización del Corredor Vial del Mercosur. Según comunicaron desde la Secretaría de Transporte, ya están listos los pliegos para licitar dos tramos del exCorredor Vial 18, cuya concesión venció el pasado 9 de abril. Esto incluye 741 kilómetros sobre más de 4.400 proyectados, que abarcan principalmente las rutas nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria, atravesando Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
Desde el gobierno aclaran que este esquema no contará con aportes estatales: el objetivo es atraer inversión privada sin subsidios. Pero el financiamiento aún no está cerrado. Y mientras se multiplican los anuncios sin concreción, crecen las tensiones con el sector de la construcción.
En la reciente convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), ningún funcionario asistió a explicar la política de equilibrio fiscal ni a presentar un plan concreto de infraestructura. El desaire fue evidente y generó malestar. “Ni siquiera vinieron a contar los supuestos beneficios del ajuste”, expresó un empresario del sector.
Aunque el oficialismo dejó trascender que evalúa un paquete de obras prioritarias, nadie en la convención pareció convencido. “La construcción se activa haciendo escuelas, hospitales y viviendas. No alcanza con un par de kilómetros de ruta”, resumió un dirigente de UOCRA.
La crítica más técnica llegó desde Verónica Raffo, representante del Banco Mundial en el país, quien subrayó que “la inversión pública es un multiplicador de la inversión privada, y una gran dinamizadora del empleo”, en contraste con la visión libertaria que asimila toda obra pública a un mero gasto.
El deterioro de la infraestructura es profundo. Según estimaciones, el país pierde valor en rutas, puentes, redes de agua, hospitales y escuelas por unos 25.000 millones de dólares anuales. El valor de reposición de ese capital equivale a 2,56 veces el PBI, mientras que su valor actual depreciado representa solo 1,14 veces el producto bruto.
En este marco, siguen sin resolverse otras licitaciones clave, como las represas del Comahue, las obras energéticas para el AMBA y el segundo tramo del gasoducto troncal. Promesas recicladas, sin ejecución.
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