El Gobierno profundiza la desregulación de los derechos de autor en Argentores

Con nuevos decretos, el Ejecutivo permitió a los autores negociar directamente sus derechos, eliminando el monopolio de Argentores en la gestión de derechos de autor.

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Este jueves, el Gobierno de la Nación avanzó en la reforma de los derechos de autor en Argentina, implementando cambios claves en el funcionamiento de la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores). Mediante los decretos 207/25 y 208/25, firmados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Ejecutivo continuó con la desregulación de las sociedades de gestión colectiva (SGC), un proceso iniciado en febrero de 2025.

La medida permite ahora a los autores literarios, dramáticos, cinematográficos, y de otras disciplinas, gestionar sus derechos de autor de manera más autónoma. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esta reforma otorga a los creadores la libertad para negociar directamente el precio de sus derechos con productores, teatros y editoriales, sin la intervención obligatoria de Argentores.

«Argentores tenía un monopolio legal en la gestión de los derechos de autor en Argentina, lo que limitaba la libertad de los creadores. Ahora, ellos pueden establecer acuerdos bilaterales y gestionar sus derechos como consideren más conveniente», destacó Sturzenegger en su exposición.

Además, el decreto establece que el Ministerio de Justicia será el encargado de fiscalizar las actividades de Argentores, garantizando que el patrimonio artístico autoral se mantenga protegido y que se respete el derecho de autor. Previamente, esta responsabilidad recaía en el Instituto Nacional de Acción Mutual.

Otro de los aspectos claves de los decretos es que Argentores podrá negociar directamente con terceros sobre el uso de las obras, estableciendo los aranceles y distribuyendo los derechos correspondientes. También se aclara que los pagos deben realizarse dentro de un plazo de dos meses y con criterios de reparto equitativos, con un máximo del 30% de lo recaudado destinado a gastos administrativos.

A través de esta nueva normativa, el Gobierno busca modernizar la gestión de los derechos de autor en el país, ofreciendo mayor flexibilidad y libertad a los creadores para negociar directamente sus derechos con los actores interesados, mientras que la asociación continuará desempeñando su rol como gestora de las obras de aquellos autores que lo elijan.

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